Seguridad y control penitenciario El Gobierno habilitó el bloqueo total de celulares en cárceles de todo el país  La medida busca impedir que los internos continúen coordinando delitos desde prisión. Se autoriza la instalación de tecnología para detectar y bloquear dispositivos móviles en establecimientos federales.
El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, oficializó una nueva medida orientada a reforzar la seguridad en el sistema penitenciario argentino. A través de una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se habilitó la instalación de tecnología destinada a detectar y bloquear teléfonos celulares dentro de las cárceles federales de todo el país.
La iniciativa tiene como principal objetivo evitar que personas privadas de la libertad continúen coordinando actividades delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios, una problemática que en los últimos años generó creciente preocupación en materia de seguridad.
Según lo establecido, el Servicio Penitenciario Federal podrá implementar sistemas capaces de identificar dispositivos móviles mediante los códigos IMEI (identificación única del equipo) e IMSI (asociado a la tarjeta SIM). Cuando un celular se active dentro de una zona prohibida, el sistema lo detectará automáticamente y generará un reporte con los datos correspondientes.
Posteriormente, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios solicitará el bloqueo del dispositivo a las empresas de telecomunicaciones, que deberán proceder a su inutilización en un plazo máximo de 48 horas. De esta manera, el teléfono quedará imposibilitado de conectarse a cualquier red.
El procedimiento quedó formalizado en el “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales”, que también contempla mecanismos de control para el personal autorizado. En este sentido, agentes penitenciarios, funcionarios judiciales y abogados deberán dejar sus teléfonos en sectores específicos antes de ingresar a áreas restringidas.
Asimismo, la normativa prevé un sistema de monitoreo constante, con registros actualizados y auditorías periódicas, con el fin de garantizar la efectividad del dispositivo y prevenir irregularidades.
La medida se enmarca en el régimen legal de ejecución de la pena, que permite a los detenidos mantener comunicaciones bajo determinadas condiciones, pero prohíbe el uso de teléfonos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios.
Por otra parte, la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dependiente del Ministerio de Seguridad, será la encargada de gestionar la adquisición, instalación y mantenimiento de los sistemas, así como su supervisión.
Finalmente, el Gobierno dispuso la implementación de ajustes técnicos para evitar que el bloqueo de señal afecte a zonas externas a las cárceles, asegurando que el funcionamiento del sistema no interfiera con usuarios fuera de los establecimientos.Miércoles, 22 de abril de 2026
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