Reclamo institucional por anegamientos La Asociación de Ribereños del Río Uruguay solicita audiencia a la CTM por daños y falta de respuestas  La entidad pidió formalmente una reunión al presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, embajador Alejandro Daneri, para abordar la situación de los propietarios afectados por las crecidas del río Uruguay y reclamar soluciones pendientes.
La Asociación de Ribereños del Río Uruguay (ARRU) presentó una nota dirigida al presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), embajador Alejandro Daneri, en la que solicita una audiencia para exponer la situación que atraviesan los propietarios ribereños del embalse de Salto Grande.
En la misiva, la entidad señala que las operaciones de la represa de Salto Grande durante crecidas extraordinarias del río Uruguay han provocado anegamientos y procesos de erosión en inmuebles ubicados sobre la margen argentina del embalse. Según expresan, estos perjuicios no han tenido una atención oportuna ni integral por parte de los organismos responsables.
ARRU sostiene que las distintas herramientas legales y administrativas implementadas a lo largo de los años no han sido suficientes para evitar o reparar los daños patrimoniales. En ese sentido, mencionan las Leyes Nacionales N° 19.210, 20.139 y 24.954, el Decreto Nacional N° 172/05 —que califican como inaplicado— y los procesos tramitados en el marco de la Resolución DACTM N° 11/12, entre otros antecedentes.
La Asociación también plantea que, a casi cincuenta años de la puesta en funcionamiento de la represa, persisten “cuestiones inconclusas” vinculadas a la región de Salto Grande y, particularmente, a los ribereños argentinos del embalse. En su planteo remarcan que, mientras se ha cumplido con los objetivos energéticos del convenio binacional, continúan pendientes soluciones estructurales para quienes residen en la zona afectada.
Entre los temas que buscan abordar en la audiencia figuran los resarcimientos por daños ocasionados por inundaciones —incluyendo remanentes de expedientes identificados como I14, 15, 16, 17 y la totalidad de los I19 y I24—, la planificación y ejecución de obras de protección de costas, así como la necesidad de normativizar e implementar soluciones definitivas a la problemática ribereña.
Asimismo, ARRU manifiesta su intención de conocer cuáles son las previsiones y planes de la Delegación para los próximos años en todo aquello que pudiera incidir sobre los intereses de sus asociados. La entidad subraya que, a lo largo de cuatro décadas, ha sostenido el diálogo institucional con el organismo y expresa su voluntad de continuar por esa vía, a la espera de una pronta y favorable respuesta a la solicitud de audiencia.Viernes, 13 de febrero de 2026
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