Reforma del Régimen Penal Juvenil El Gobierno envió al Congreso el proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad  La iniciativa plantea reducir de 16 a 13 años la edad de punibilidad para delitos graves y, a diferencia del envío anterior, incluye una asignación presupuestaria específica para su implementación. El oficialismo busca avanzar con el debate esta semana en Diputados.
El Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil con el objetivo de que sea tratado en comisiones y en el recinto de la Cámara de Diputados durante esta semana. La iniciativa es la misma que fue presentada el año pasado, aunque incorpora una novedad central: la previsión de fondos para su aplicación.
El eje principal del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad, que actualmente se ubica en los 16 años. El texto oficial propone reducirla a los 13 años para delitos considerados graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. No obstante, desde los bloques de la oposición dialoguista adelantaron que el consenso alcanzado hasta el momento fija el piso en los 14 años, por lo que se espera que ese punto sea modificado al momento del dictamen.
Durante una reunión entre los presidentes de los bloques parlamentarios y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se abordó otro de los aspectos que había generado cuestionamientos en el envío anterior: el financiamiento. El proyecto original no contemplaba partidas específicas ni estaban incluidas en el Presupuesto 2026. En esta oportunidad, el texto incorpora el artículo 51, titulado Asignación Presupuestaria, que establece un monto total de $23.739.155.303,08 para su implementación, con un detalle de los fondos destinados al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.
La iniciativa mantiene la creación de un régimen penal juvenil diferenciado del sistema de adultos, con límites en las penas y sin posibilidad de prisión perpetua. El proyecto oficial habilita condenas de hasta 20 años de prisión para delitos graves, aunque en los acuerdos alcanzados previamente entre el oficialismo y bloques dialoguistas se había establecido una pena máxima de 15 años, con la privación de libertad como último recurso.
En cuanto al proceso penal, el texto prevé que, en el caso de menores de hasta 15 años, los jueces puedan disponer medidas de privación de libertad únicamente en situaciones graves, priorizando criterios de resocialización. Para los delitos menores se contemplan sanciones no privativas de la libertad, como tareas comunitarias, reparación del daño o medidas alternativas.
El régimen también establece la creación de institutos especiales para adolescentes condenados, donde se garantice el acceso a la educación, atención médica y tratamientos en casos de adicciones. El personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos. Para este punto, se prevé la posibilidad de acuerdos entre la Nación y las provincias para el envío de partidas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones.
Asimismo, el proyecto incorpora derechos reforzados tanto para los adolescentes sometidos al régimen como para las víctimas, incluyendo patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y el derecho a ser informados y escuchados durante todoLunes, 9 de febrero de 2026
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