Justicia y adolescentes Comenzó a regir el nuevo Régimen Penal Juvenil: cuáles son los principales cambios  Desde este 5 de septiembre entra en vigencia en todo el país el nuevo régimen que reemplaza la normativa de 1980. La edad de imputabilidad baja a los 14 años y se establece un sistema especial de sanciones, con medidas alternativas, seguimiento y privación de la libertad en determinados casos.
Este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza el esquema vigente desde 1980 y establece nuevas reglas para los adolescentes de entre 14 y 18 años que sean acusados de cometer delitos.
Uno de los principales cambios es que los adolescentes mayores de 14 años podrán ser imputados por delitos previstos en el Código Penal. Sin embargo, continuarán bajo un sistema de Justicia especializado y diferenciado del régimen penal de adultos.
La nueva normativa establece que las sanciones deberán contemplar no solamente la responsabilidad por el hecho cometido, sino también objetivos vinculados con la educación, la resocialización y la integración social.
Penas y límites al encierro
El nuevo régimen establece que los adolescentes no podrán recibir penas de prisión o reclusión perpetua. El máximo de las penas privativas de la libertad será de 15 años.
También se contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional, aunque para ello deberán cumplirse, entre otros requisitos, las dos terceras partes de la condena y las condiciones establecidas por la normativa.
La entrada en vigencia del régimen tampoco significa que todo adolescente que cometa un delito deba ser privado de su libertad. Para determinados casos se prevén medidas y sanciones alternativas, especialmente frente a delitos con penas que van desde más de tres hasta diez años.
Entre estas medidas aparecen las restricciones de acercamiento, la reparación del daño causado a la víctima, reglas de conducta y la participación obligatoria en actividades educativas o comunitarias.
También se incorpora la amonestación, como una advertencia formal, y el monitoreo electrónico, que podrá utilizarse para controlar el cumplimiento de determinadas medidas.
Instituciones especiales y protección de la identidad
Cuando corresponda una privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos preparados específicamente para este régimen y contar con personal especializado.
La normativa establece además que no podrán compartir espacios de encierro con personas mayores de edad. El alojamiento podrá realizarse en institutos abiertos, establecimientos especializados de detención o, en determinados casos, bajo arresto domiciliario.
Al mismo tiempo, continuará la protección de la identidad de los adolescentes involucrados en causas penales. No podrán difundirse datos, imágenes u otros elementos que permitan identificarlos.
Mayor participación de las víctimas
Otro de los aspectos contemplados por el nuevo régimen es una mayor participación de las víctimas durante el proceso judicial.
Las personas afectadas por un delito podrán intervenir en el trámite de la causa y recibir información sobre su avance, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.
Además, se establece la responsabilidad civil de los padres de niños, niñas y adolescentes sometidos a un proceso penal por los daños derivados de los hechos que se les atribuyan.
El desafío de la implementación
La puesta en marcha del nuevo régimen también plantea desafíos para el sistema judicial y las instituciones encargadas de aplicarlo.
Uno de los principales interrogantes está relacionado con la capacidad de los juzgados, fiscalías y organismos especializados para afrontar el posible incremento de causas que involucren a adolescentes.
También será necesario contar con infraestructura adecuada, personal especializado, dispositivos de seguimiento y herramientas como los sistemas de monitoreo electrónico.
Para acompañar la implementación del nuevo régimen, el Congreso estableció una partida de $23.739.155.303,08.
Con su entrada en vigencia, comienza así una nueva etapa para el tratamiento judicial de los delitos cometidos por adolescentes en Argentina, con un esquema que combina la posibilidad de establecer responsabilidades penales desde los 14 años con medidas específicas orientadas al seguimiento, la educación y la reinserción social.Sábado, 5 de septiembre de 2026
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