Preocupación por mensajes en escuelas Advierten que las amenazas anónimas no son bromas y pueden derivar en graves consecuencias legales 
El Ministerio Público alertó sobre la circulación de mensajes intimidatorios en instituciones educativas y recordó que estas acciones están tipificadas como delito en el Código Penal Argentino, con penas que pueden llegar hasta los 10 años de prisión.
En las últimas semanas, se registró la circulación de mensajes anónimos que advierten sobre supuestos ataques en escuelas, generando preocupación en la comunidad educativa. Frente a esta situación, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que advierte que este tipo de conductas, muchas veces consideradas como “retos virales” o simples travesuras, constituyen delitos con serias consecuencias legales.
Desde el organismo señalaron que escribir amenazas en pizarrones, dejar carteles en los baños o difundir publicaciones en redes sociales no solo genera temor, sino que también activa protocolos de emergencia y moviliza recursos policiales que podrían destinarse a situaciones reales. Además, remarcaron que incluso los mensajes anónimos pueden ser rastreados mediante investigaciones digitales y pericias.
En ese sentido, el Ministerio Público difundió de manera textual las consecuencias de este tipo de acciones:
_ Genera pánico: afecta la salud emocional de tus compañeros, docentes y familiares.
_ Moviliza recursos: se activan protocolos y fuerzas policiales que deberían estar atendiendo emergencias reales.
_ Trae consecuencias legales: la justicia investiga el origen de estos mensajes; incluso los "anónimos" dejan rastro digital y físico
Asimismo, detallaron las penas contempladas por la legislación vigente:
Amenazas anónimas: tienen una pena de hasta 3 años de prisión. (art 149 bis primer párrafo último supuesto)
Intimidación Pública: prisión de hasta 6 años a quien, para infundir temor público o generar desórdenes, amenace con la comisión de un delito de peligro común. (Art. 211 del CPA)
Uso de elementos peligrosos: si se mencionan o emplean explosivos o químicos, la pena sube hasta 10 años de prisión.
Además, advirtieron que, más allá de la responsabilidad penal individual, los padres o tutores de los involucrados pueden enfrentar demandas civiles por los daños ocasionados y los costos de los operativos de seguridad.
Por otra parte, el organismo también difundió recomendaciones claras para la comunidad:
Si ves un mensaje, no lo viralices. Avisá inmediatamente a las autoridades de la escuela.
Si sabés quién fue, hablá. Tu silencio pone en riesgo a toda la comunidad.
Finalmente, remarcaron que este tipo de hechos no deben ser tomados a la ligera, ya que “no es una broma” y un solo mensaje puede afectar seriamente el futuro legal de quien lo emite y su entorno familiar. También recordaron que quienes atraviesen situaciones personales difíciles pueden buscar ayuda profesional a través de la línea de asistencia al suicida (0800-345-1435).Lunes, 20 de abril de 2026
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