Reforma judicial y seguridad pública El Presidente Milei presentó un proyecto para reformar el Código Penal con penas más duras y juicios más ágiles  La iniciativa, anunciada desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, propone endurecer condenas, eliminar beneficios para delincuentes y acelerar los procesos judiciales mediante un nuevo sistema penal.
El presidente Javier Milei encabezó este jueves un acto oficial en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde presentó el nuevo proyecto de reforma del Código Penal que será enviado al Congreso de la Nación.
Durante su discurso, el mandatario remarcó: “Como parte de nuestro objetivo de hacer grande a la Argentina nuevamente, el orden es una precondición. Y por eso necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace, las paga”. Además, subrayó la necesidad de contar con penas más duras, juicios rápidos y cumplimiento efectivo de las condenas en los lugares correspondientes: “Los delincuentes deben estar en la cárcel para que los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad”.
El Presidente sostuvo que la sociedad exige soluciones frente a la inseguridad: “Dentro de la ley terminamos con los piquetes, fuimos contra el narcotráfico, reequipamos a las fuerzas y bajamos la tasa de homicidios a nivel nacional”. En ese sentido, afirmó que para reforzar la seguridad ciudadana es necesario modificar el sistema vigente: “Años de garantismo ataron de manos a las fuerzas, jueces y fiscales, mientras se le dio vía libre a los delincuentes”.
Asimismo, Milei expresó que la aprobación del nuevo Código Penal dependerá del debate en el Congreso: “El país necesita diputados y senadores que comprendan esto. Si aprobamos esta reforma, la seguridad va a cambiar en serio”.
Principales modificaciones que propone el proyecto
El texto, que será enviado al Congreso de la Nación, contempla una reforma integral del Código Penal argentino. Se destacan tres ejes centrales: endurecimiento de penas, eliminación de beneficios para condenados, y agilización de procesos penales mediante la implementación del sistema acusatorio, que traslada la investigación al fiscal y limita el rol del juez a la función de garante imparcial.
Entre las modificaciones, se incluyen:
Homicidio simple: aumenta la pena de 8-25 años a 10-30 años.
Homicidio agravado: se mantiene la prisión perpetua, con nuevos agravantes como víctimas menores, adultos mayores, funcionarios públicos, o hechos en lugares públicos.
Lesiones leves: sube de 1 mes-1 año a 1-3 años.
Lesiones por conducción imprudente: penas de 2-6 años (simple) y 3-6 años (agravadas).
Abuso de armas: disparar sin herir puede implicar hasta 6 años; agresión sin herida, entre 1 y 3 años.
Omisión de auxilio: pasa de multa a prisión de 1-6 años; agravada, de 2-8 años si involucra menores de 13 o mayores de 65.
Injurias: deja de ser solo multable y se penaliza con 1-3 años; agravadas, de 2-6 años.
Pornografía infantil: de 3-6 años a 3-9 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4 años.
Posesión para distribución: de 6 meses-2 años a 3-12 años.
Privación ilegal de la libertad: de 6 meses-3 años a 1-4 años.
Trata de personas: pena máxima sube de 8 a 10 años; en su modalidad agravada, de 5-10 a 6-15 años.
Amenazas: agravadas hasta 8 años (con armas o anonimato) y hasta 10 años si se busca forzar conductas.
Hurto: sube de 1 mes-2 años a 1-3 años.
Robo: con fuerza, de 1 mes-6 años a 3-8 años; con violencia, hasta 10 años; nuevas figuras para robos callejeros y por “motochorros”.
Estafa: de 1 mes-6 años a 1-8 años más multa.
Usurpación: de 6 meses-3 años a 3-10 años y multa; agravada, hasta 12 años.
Agresiones en protestas: de 2-5 años; si es contra funcionarios o fuerzas de seguridad, de 3-9 años.
Tenencia y portación de armas: se proponen aumentos en penas y sanciones económicas.
Falso testimonio y cohecho: penas más severas, especialmente para altos funcionarios.
Responsabilidad penal juvenil
Una de las propuestas más significativas es la reducción de la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años, fundamentada en que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos y que el sistema actual permite su captación por grupos delictivos.
Implementación del sistema acusatorio
El proyecto también propone la obligatoriedad del sistema acusatorio, dejando atrás el modelo inquisitivo tradicional. En este nuevo esquema, el fiscal será el encargado de investigar y acusar, el imputado podrá ejercer plenamente su defensa y el juez actuará como un árbitro imparcial. Según explicaron, esta modificación busca otorgar mayor celeridad, transparencia y eficacia a los procesos penales.
Crédito: Con información de InfobaeJueves, 2 de octubre de 2025
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