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Emergencia en discapacidad El Gobierno confirmó la promulgación de la ley de discapacidad, pero demora su reglamentación  Tras el rechazo del Congreso al veto presidencial, el Ejecutivo anunció que promulgará la ley de emergencia en discapacidad, aunque condicionó su reglamentación a la definición de recursos para su financiamiento. La normativa había sido impulsada por la oposición y cuenta con amplio respaldo legislativo.
El Poder Ejecutivo Nacional confirmó la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial a través de una votación con mayoría calificada. Sin embargo, también se informó que la reglamentación de la norma será postergada hasta que se resuelva el origen de los fondos necesarios para su aplicación.
La confirmación fue realizada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en declaraciones públicas explicó que el Gobierno procederá a promulgar la ley, pero que se requerirá un análisis técnico y financiero previo a su reglamentación. Esta decisión responde a los compromisos fiscales que implica la norma, la cual establece una serie de beneficios y medidas de asistencia para personas con discapacidad.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la implementación de la ley podría generar un aumento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, con un impacto fiscal estimado entre $1,88 billones y $3,62 billones, lo que representa entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. A esto se suma un requerimiento adicional de $278.323 millones por compensaciones a prestadores y $7.160 millones destinados a talleres de producción.
Una ley impulsada en contexto de crisis
La ley fue sancionada en respuesta a una fuerte movilización social frente a la crisis del sistema de atención a personas con discapacidad. La situación se agravó por el congelamiento de recursos y una significativa reducción de beneficiarios tras auditorías implementadas desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Estas medidas se desarrollaron durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente del organismo, quien posteriormente fue desplazado del cargo tras la difusión de audios grabados de manera clandestina. En esas grabaciones se denunciaba un presunto circuito de irregularidades entre funcionarios y empresas proveedoras.
Qué establece la ley de emergencia en discapacidad
La normativa contempla una serie de medidas claves, entre ellas:
Asignación de Pensiones No Contributivas para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin ingresos superiores a dos salarios mínimos ni planes similares.
El monto de la pensión será del 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleo formal dentro de ciertos límites.
Transformación automática de pensiones previas, sin necesidad de nuevos trámites para los beneficiarios.
Actualización automática mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, conforme al índice de precios al consumidor (IPC).
Un régimen de regularización de deudas fiscales y previsionales para empresas y trabajadores del sector, incluyendo condonación de intereses y refinanciación de planes de pago.
Refuerzo del financiamiento y funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Reglamentación condicionada al financiamiento
Si bien el Congreso ratificó la ley con amplio respaldo, incluidos sectores aliados al oficialismo, desde el Gobierno nacional se aclaró que su implementación efectiva dependerá de un análisis conjunto con las comisiones legislativas y las áreas técnicas correspondientes.
Francos señaló que el artículo 38 de la ley financiera exige que toda ley sancionada especifique el origen de sus recursos, y que actualmente no se ha determinado con claridad cómo se financiará la aplicación de la normativa.
La situación plantea un desafío para la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que la demanda de cobertura y apoyo por parte del colectivo de personas con discapacidad sigue en aumento, mientras se definen los mecanismos administrativos y presupuestarios para hacerla efectiva.
Lunes, 15 de septiembre de 2025
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