La Jefatura de Gabinete acudió a la Corte Suprema de Justicia nacional para que dicte el cese inmediato y la paralización del emprendimiento empresarial hasta que se realicen estudios de impacto ambiental correspondientes. La represa prevé la inundación de ocho mil hectáreas a 50 kilómetros de los Esteros del Iberá para posibilitar el riego de otras 77 mil donde se cultiva arroz y otros granos.

El pedido está basado en un informe de Gendarmería que da cuenta de la proximidad de las obras y según un comunicado de la Procuración del Tesoro, organismo patrocinador de la solicitud, la presentación "se suma a los pedidos oportunamente formulados ante el máximo Tribunal, en los que requirió la suspensión de las obras hasta que se hicieran los análisis de impacto ambiental para evitar un perjuicio irreparable al medio ambiente por el desmonte en zonas que deberían ser protegidas; y a la vez, a fin de garantizar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay de 1975".