Aun no hay certezas en torno al fallecimiento del ex titular de ARRU Alejandro Zamora ocurrido el viernes pasado. Tanto desde la policía de esa ciudad (Mocoretá-Ctes) como de fuentes judiciales de Monte Caseros se mostraron reticentes a brindar información, ya que aún prevalece el secreto de sumario y la causa “aún está en la etapa instructiva”, en manos de la Comisaría de Mocoretá.


El cuerpo de Zamora fue encontrado cerca de las cuatro de la madrugada en un galpón cercano a su vivienda de Mocoretá, en el sur de Corrientes. Fue hallado todavía vivo, con un disparo en la boca (aparentemente con un revólver calibre 22), aunque la Justicia inició rápidamente las actuaciones para determinar si su deceso no podría haber obedecido a un homicidio. Zamora (oriundo de La Plata, psiquiatra de profesión, pero hace años que no ejercía) falleció finalmente cuando lo trasladaban al hospital.
La muerte del dirigente de la entidad (2001-2007) que defiende los derechos de aquellos ribereños que se vieron afectados por la expropiación de tierras por la construcción de la represa de Salto Grande y los resarcimientos que por esto reciben o deben recibir, está marcada por una serie de hechos llamativos, ya que, casualidad o no, justo los días previos a su desaparición física se conocieron las declaraciones de un ex funcionario de CTM, el agrimensor Fernando Alba Posse, quien había denunciado haber sido despedido de ese ente por advertir irregularidades en el pago a ribereños. Esto se suma a las declaraciones del ex juez Mariano Bergés, quien este fin de semana dejó saber su preocupación por la muerte de Zamora y pidió que todo “se investigue meticulosamente”, agregando que “no deja de extrañar que alguien que denunció cosas similares a las de Alba Posse, amanezca muerto. Ojala la justicia investigue detenidamente todo esto porque es realmente grave”. Berges es el actual abogado del agrimensor mencionado.