Nación Evalúan quitarle el manejo de los planes a las organizaciones sociales  El Gobierno quiere recortar 1.000 millones de los programas de inserción laboral y de asistencia. Posible frente de conflicto con los piqueteros.
Luego de la sanción de la ley de emergencia social en tiempo récord, la relación del gobierno de Mauricio Macri con los grupos piqueteros tendrá un nuevo desafío el año en curso. O lo que es igual, deberá sortear otro posible frente de conflicto. Es que el Ministerio de Trabajo se propuso disminuir y recortar el poder que tienen las organizaciones de la "economía popular" sobre los planes de esa cartera.
Con este horizonte, Trabajo busca acordar con las organizaciones sociales la readecuación de los programas con requisitos más restrictivos y un mayor seguimiento en materia de resultados. La dirección también se modifica: estarán focalizados hacia la reinserción laboral y "empleabilidad", a diferencia del actual sesgo "asistencial", según consideran en la repartición oficial.
Si bien la idea es que los movimientos sociales continúen con su rol de nexo con el universo de potenciales beneficiarios, la intención es terminar con la lógica de "reparto" de los recursos entre los afiliados de las organizaciones y que éstas dejen de cumplir con el "rol de efectores" de las políticas públicas. En otras palabras, se pasará a un esquema en que el registro y acceso sea de manera directa, sin intermediarios.
En general, el Ministerio buscará que los participantes sigan percibiendo la ayuda económica mensual una vez que accedan a un empleo formal en el sector privado. La asignación funcionará como "subsidio al empleo" y podrá ser utilizada por los empleadores como parte del ingreso mensual acordado. Ese mecanismo está vigente en otras líneas, como las acciones de Entrenamiento para el Trabajo (EPT) e Inserción Laboral (PIL), que se aplican de manera conjunta con las empresas.
Cambio de enfoque
El cambio de las reglas de juego con las organizaciones sociales se veía venir. La desconfianza con la utilización de los programas del Ministerio de Trabajo ya había quedado reflejada en el informe "El estado del Estado" de diciembre de 2015, en el que se diagnosticó que estos planes, en vez de "mejorar la productividad y empleabilidad de los participantes, fueron usados con una lógica clientelar" durante el período kirchnerista.
"Se priorizó el apoyo político de los participantes, pero no se les brindaron las herramientas para reinsertarse en el trabajo. Según una encuesta de la Universidad Nacional de La Plata, el 84% de los beneficiarios creía que este tipo de programas eran más un instrumento político que de reinserción laboral. Además, el gobierno anterior no recopiló información que permitiera analizar qué tan buena era la focalización de los programas ni evaluar su impacto", señalaba el documento.
InfobaeMiércoles, 4 de enero de 2017
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