Funcionarios judiciales y gendarmes Intervienen la seccional Corrientes del Somu en el marco de la causa contra Omar Suárez  Funcionarios judiciales acompañados por unos 30 gendarmes desalojaron hoy la sede de la seccional Corrientes del Sindicato Obrero Marítimos Unidos (SOMU) para concretar su intervención, dispuesta por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en el marco de una causa abierta contra el ex titular nacional del gremio Omar Suárez.
La orden impartida por el titular del Juzgado Federal 6 de la Capital Federal era ejecutada por el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Ávila, en la sede del SOMU, ubicada en la calle Caá Guazú al 300 de la capital provincial.
La seccional de Corrientes era considerada "el último bastión de Suárez" luego de que en febrero de este año Canicoba Corral dispusiera la intervención del SOMU a nivel nacional en la causa iniciada en el 2014 por "entorpecimiento" del transporte marítimo y fluvial en favor de navieras presuntamente vinculadas al ex titular del sindicato.
En julio último, la Sala I de la Cámara Federal convalidó la intervención del SOMU dispuesta por Canicoba Corral para "evitar la continuación de las maniobras ilícitas y la posible manipulación de las pruebas" por parte de autoridades del sindicato, medida que alcanzó también a la obra social de los marítimos, una fundación y dos empresas supuestamente vinculadas a Suárez.
El desalojo de la sede sindical y la obra social del SOMU se realizó alrededor de las 11 de hoy en forma pacífica, ya que no hubo resistencia del sector gremial, encabezado en Corrientes por el secretario general Juan Nicolás Fuentes.
“Nos ajustamos a derecho y vamos a ser respetuosos de la Justicia”, le dijo Fuentes a Télam.
El sindicalista ocupó su cargo hasta esta mañana, pese a que su mandato venció el 14 de mayo y el 26 de ese mes fue notificado de la intervención, la que resistió exigiendo diversas formalidades.
Ahora la sede correntina del SOMU está a cargo de los delegados Griselda Ríos y Diego Francisco Macías, designados por la interventora Gladys González con autorización del juez Canicoba Corral.
La orden del magistrado fue ejecutada mediante una cédula a través del juzgado federal de primera instancia de Corrientes a cargo de Carlos Vicente Soto Dávila y alrededor de 30 efectivos de Gendarmería.
Es que en torno al caso hay una denuncia por amenazas de parte de Fuentes a la interventora y la resistencia a la normalización institucional se produjo anteriormente en un clima de tensión por la presencia de numerosos afiliados.
Ahora los delegados de la diputada González cumplirán funciones de conservación, administración y subsanación de irregularidades de gestión y regularización institucional del Sindicato encomendadas a la intervención nacional, que cuenta con la facultad de designar representantes en las delegaciones como la de Corrientes, según explicaron fuentes con acceso al expediente.
Por lo pronto, el juez encomendó “el aseguramiento de la totalidad de la documentación que resulte de interés a la causa y se encuentre en Corrientes y valor probatorio para el avance de la pesquisa, así como efectuar el correspondiente inventario”, señalaron desde la delegación.
En Corrientes el SOMU registra unos 3.500 afiliados y otros 2.000 de los denominados “marineros golondrinas”, que no son tripulación permanente sino de temporada en los barcos.
“Esto perjudica a la familia marítima en el trabajo y en la salud, porque se registran inconvenientes en el rubro farmacia y desde el mismo 18 de febrero que se dictó la intervención comenzaron a llegar los telegramas de despidos”, dijo Fuentes en contacto con Télam.
FOTO: @nicolas_alo-
El Litoral
Martes, 9 de agosto de 2016
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