Fuerte impacto de gestión Provincia sanea las transacciones inmobiliarias y genera más recursos para las 72 comunas  Por resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Dirección General de Catastro y Cartografía trabaja en la implementación del certificado catastral. El documento será indispensable para toda transacción inmobiliaria en la jurisdicción provincial y actualizará los valores dominiales. Esta corrección significará la actualización de los tributos que perciben los municipios. Su puesta en marcha también garantizará fuentes laborales a los agrimensores. “Significa un saneamiento dominial, en lo económico, lo jurídico, y en lo técnico. Tiene el objetivo de resguardar las transacciones comerciales. Otorga una tranquilidad al tráfico inmobiliario”, afirmó el subdirector Narciso Toffoletti.
La decisión de la gestión del gobernador Ricardo Colombi de implementar el certificado catastral en las comercializaciones inmobiliarias en la jurisdicción provincial impactará en un notable incremento de la recaudación favor de las 72 comunas correntinas, el saneamiento general de estas transacciones y significará una importante fuente de ingresos genuinos para los agrimensores.
A través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Gobierno Provincial avanza con el trabajo para la implementación del certificado catastral, ejecutando la ley Nº 6.083. A partir de su puesta en marcha, el documento será indispensable para concretar toda transacción comercial de un inmueble.
La cartera económica, por intermedio de la Dirección General de Catastro y Cartografía lleva adelante la tarea técnica por indicación de la resolución ministerial Nº 081/2015 firmada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres. En la primera etapa de la implementación, se solicitará para el tráfico inmueble urbano, para después extender su alcance al rural.
OBRA BLANDA
“El certificado catastral es un documento base para tener el reflejo de lo que figura en el Registro Catastral y en el Registro de la Propiedad Inmueble, que antes eran dos trámites por separado. Ahora es el mismo trámite”, sintetizó Vaz Torres.
“Con la implementación del certificado, el Gobierno Provincial está aportando a que la comercialización inmobiliaria y las transferencias de bienes por hechos sucesorios, o por transacciones entre particulares, entre otros, esté ordenado. Además, contribuye a la renta pública para que ésta pueda orientar eficientemente los recursos que se obtienen de estas transacciones”, destacó el ministro.
“También este documento, rápido y eficiente, servirá para solicitar crédito ante el Banco. Se está avanzando en un convenio con el Banco de Corrientes S.A. para que aquellos clientes puedan pedir la asistencia crediticia y la entidad financiera tenga un rápido acceso a una base de datos que permite realizar un trámite sencillo”, adelantó.
“Esta es una obra blanda, es decir, un sistema que se la propone a la sociedad para que funcione por canales normales y no tan burocráticos y se terminen todas las acciones de gestores que hacen los trámites costosos y lentos”, afirmó el jefe de la cartera económica provincial.
OBJETIVOS
“La implementación del certificado catastral significa un saneamiento dominial, en lo económico, lo jurídico, y en lo técnico. Tiene el objetivo de resguardar las transacciones comerciales garantizando justicia y equidad en la determinación de la base tributaria actualizada sobre datos fidedignos. Otorga una tranquilidad al tráfico inmobiliario”, afirmó el subdirector General de Catastro y Cartografía, Narciso Toffoletti.
“Pero también será muy importante como fuente de ingresos para los agrimensores, ya que estos profesionales deberán elaborarlo. Se estima que un facultativo realizará al menos cinco certificado”, proyectó Toffoletti.
Este certificado es el documento a través del cual se publicita el estado de hecho de la cosa inmueble, en su aspecto físico, jurídico y económico, conjunta e inseparablemente considerados. Suministra información certificada correspondiente a la nomenclatura catastral, número de partida del inmueble y las discrepancias que puedan o no existir, entre el título de propiedad y sus antecedentes en oposición al hecho existente (duplicidad de inscripciones, afectaciones, restricciones) como asimismo su ubicación, medidas y linderos. Se solicita para constituir, modificar o transmitir derechos reales.
INGRESOS MUNICIPALES
Una vez puesta en marcha la implementación, el certificado catastral redundará en un notable incremento de ingresos de recursos genuinos para los municipios por el pago de los tributos inmobiliarios. “En este sentido significa un saneamiento en lo económico, ya que corrige el valor inmobiliario. De esta manera la municipalidad actualiza también el valor del tributo”, explicó Toffoletti.
“Actualmente los valores y tasaciones están desactualizadas. Los municipios tienen muy atrasados los valores inmobiliarios para cobrar los tributos. Esta situación no se puede corregir de oficio, sino a través del certificado catastral”, indicó el subdirector.
“Este no es un mero certificado, sino que sustituye a la valuación fiscal que se solicitaba como documentación para concretar una transacción. Consecuentemente se actualizará el valor de acuerdo a la mensura por antigüedad en toda la provincia”, adelantó.
“A medida que se emitan los certificados catastrales se irán actualizando los valores de los inmuebles urbanos y con ello se corregirá y se incrementará la recaudación de los municipios por el pato de los tributos”, describió Toffoletti.
ALCANCES DEL DOCUMENTO
“Instruida por la resolución suscripta por el ministro Vaz Torres, la Dirección General de Catastro y Cartografía trabaja en la implementación del certificado catastral, en concordancia con los lineamientos determinados por la ley provincial Nº 6.083”, contó Toffoletti.
“La dirección se encuentra abocada a establecer el procedimiento correspondiente para la aplicación del certificado. Este documento representa una copia autenticada por la autoridad de aplicación, del Folio Parcelario, donde se publicitan la totalidad de los elementos constitutivos de la parcela, al momento de su otorgamiento, circunstancia por la cual, todos los escribanos, jueces y/o funcionarios públicos, que autoricen la transmisión, modificación y/o constitución de derechos reales, se encuentran obligados a requerirlos de dicha autoridad , para agregarlos al cuerpo de la documentación en todos los actos que involucren a tales derechos”, señaló el subdirector.
“La finalidad perseguida es otorgar a las partes las garantías necesarias y suficientes sobre el objeto de la transmisión, modificación y/o constitución, tanto en su faz física, como en su aspecto legal y concede al funcionario autorizante del acto, un instrumento de certeza y seguridad sobre la actuación”, agregó.
“Tales garantías y certezas conllevan inequívocamente una mejora en el tráfico inmobiliario, que favorecerá en todos sus aspectos al estado, sea este provincial o municipalidad, respecto del ordenamiento territorial”, comentó Toffoletti.
Lunes, 1 de junio de 2015
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